La incapacitación judicial de un enfermo es una medida cautelar que se toma para tutelar sus decisiones sobre patrimonios y vida personal en su solo beneficio.

Aunque parezca que ésta es una medida que se toma en raras ocasiones la verdad es que en los últimos tiempos el aumento de la longevidad de las personas hace que cada vez tengamos en nuestro entorno familiar más casos de ancianos con problemas en sus capacidades psíquicas al sufrir, por ejemplo, alzheimer.
Cuando existe esta disminución de las actividades racionales sus familiares más cercanos deben plantearse la necesidad o no de incapacitar judicialmente al enfermo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, a nivel legal, es una medida de protección para la persona afectada ya que con ello se evita que pueda, por ejemplo, ver mermada su economía por una decisión irracional.

El juez de Primera Instancia de donde reside el enfermo es la persona que debe resolver la incapacitación judicial de una persona. Este procedimiento lo puede promover el conyugue, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. Las autoridades y funcionarios públicos que conocieran un caso donde sea necesaria la incapacitación tienen la obligación de comunicarlo.

Para decidir que es necesaria una incapacitación debe haber un previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal y este mismo órgano debe examinar al enfermo y oir a sus parientes más cercanos. Después de este proceso se procederá a la sentencia de incapacitación marcando sus límites y el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. También se nombrará a la persona que haya de representarlo.