El lenguaje es una de las herramientas más complejas y dinámicas de la evolución humana. En las últimas décadas, el debate sobre el género gramatical en la lengua española ha trascendido las aulas de lingüística para convertirse en un tema de discusión política, social y cultural. En el centro de esta controversia se encuentra el uso del masculino gramatical para referirse a colectivos mixtos o indeterminados. Desde la perspectiva de la lingüística descriptiva y normativa, el masculino en español no solo funciona como la contraparte del femenino, sino también como el género no marcado o inclusivo. La Real Academia Española (RAE), en coordinación con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), ha emitido numerosos pronunciamientos, informes y aclaraciones para defender este mecanismo, argumentando que su universalidad responde a principios de economía lingüística y no a una discriminación sistemática. Comprender esta distinción resulta fundamental para abordar el debate de forma rigurosa y no meramente ideológica.

El concepto de género no marcado en la lingüística

Para comprender la postura institucional, es indispensable analizar el fenómeno desde la morfología lingüística. En español, el género es una categoría gramatical que clasifica a los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes. Sin embargo, no existe una simetría absoluta entre el masculino y el femenino. La oposición binaria se rige por los conceptos de término marcado y término no marcado, propios de la teoría praguense de la marcación desarrollada por Roman Jakobson y Nikolai Trubetzkoy a mediados del siglo XX:

• El femenino es el término marcado: posee rasgos morfológicos específicos que restringen su significado exclusivamente a los seres de sexo femenino. Si se dice «las abogadas», la referencia queda limitada de forma unívoca a las mujeres de esa profesión; ningún hablante nativo interpretaría esa expresión como incluyente de hombres.
• El masculino es el término no marcado: carece de esa especificidad restrictiva. Debido a su naturaleza neutra o extensiva, su alcance semántico se duplica: puede referirse específicamente a los seres de sexo masculino —valor específico— o a la totalidad de la especie o de un grupo mixto sin distinción de sexo —valor genérico o inclusivo—.

Este fenómeno no es exclusivo del español. El francés utiliza «les hommes» para referirse a la humanidad en general; el inglés conservó «mankind» y «he» como pronombre genérico durante siglos. El alemán emplea «der Mensch» (masculino) para «el ser humano» sin distinción de sexo. Esta convergencia entre lenguas de distintas familias evidencia que el fenómeno responde a principios tipológicos profundos del lenguaje, no a una conspiración cultural contra la mujer.

Por lo tanto, cuando se utiliza la frase «los ciudadanos están convocados a votar», la gramática española no está invisibilizando a las ciudadanas; está aplicando una propiedad estructural donde el término no marcado absorbe la representación de todo el conjunto. El español moderno carece de un género neutro morfológico para los sustantivos (a diferencia del latín, del cual proviene, que contaba con illud, hoc y formas neutras para sustantivos como opus o nomen), por lo que el masculino asumió históricamente las funciones de la neutralidad referencial.

Un ejemplo claro de este doble funcionamiento se aprecia en la expresión bíblica «Dios creó al hombre a su imagen y semejanza», donde «hombre» no designa al varón en particular, sino a la humanidad entera. Del mismo modo, expresiones jurídicas como «El hombre nace libre e igual en dignidad y derechos» —presentes en declaraciones internacionales de derechos humanos— han sido históricamente interpretadas, y así lo confirman sus propios redactores, como referidas a toda persona, sin exclusión de sexo.

Las aclaraciones fundamentales de la RAE

La RAE ha mantenido una postura firme y coherente a través de sus principales obras de referencia, como la Nueva gramática de la lengua española (2009) y el Glosario de términos gramaticales (2019), complementada por informes específicos como el informe elaborado en 2020 sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución española. Las aclaraciones de la Academia se pueden sintetizar en tres ejes principales:

1. La vigencia y suficiencia del masculino genérico

La RAE reitera de forma constante que el uso del masculino gramatical para integrar a hombres y mujeres en contextos genéricos es plenamente inclusivo. La institución señala que expresiones como «los alumnos de esta clase aprobaron el examen» o «los trabajadores de la empresa tienen derecho a huelga» incluyen morfológicamente a todas las personas presentes en ese colectivo, independientemente de su sexo.

Este principio tiene consecuencias prácticas evidentes en el ámbito jurídico. El artículo 14 de la Constitución española reza: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión…». Nadie ha interpretado que «los españoles» excluye a las españolas; la norma protege por igual a hombres y mujeres precisamente porque el masculino genérico tiene alcance universal.

La Academia advierte que interpretar estas construcciones como una exclusión de las mujeres es un error conceptual que confunde la categoría gramatical (género) con la categoría biológica (sexo). El género gramatical es una propiedad de los sintagmas nominales; el sexo es una característica de los seres vivos. Equipararlos mecánicamente es una falacia categorial que debilita el argumento del lenguaje inclusivo artificioso.

Igualmente erróneo resulta confundir los conceptos de género social y género gramatical.

2. El rechazo a los desdoblamientos sistemáticos y las alternativas gráficas artificiales

Frente a las propuestas de utilizar desdoblamientos continuos («los ciudadanos y las ciudadanas», «los profesores y las profesoras»), la RAE aclara que estas fórmulas son artificiosas e innecesarias cuando el contexto deja claro que la referencia es mixta. Si bien el desdoblamiento es un recurso válido en momentos de ambigüedad, de solemnidad institucional o de énfasis retórico deliberado, su abuso sistemático atenta contra el principio de economía lingüística y genera graves problemas de concordancia sintáctica.

Considérese el siguiente ejemplo para ilustrar la complejidad que genera el desdoblamiento compulsivo:

«Los jueces y las juezas, los fiscales y las fiscales, los abogados y las abogadas, y los peritos y las peritas deberán presentarse a las ocho de la mañana».

Frente a la versión normativa:

«Los jueces, fiscales, abogados y peritos deberán presentarse a las ocho de la mañana».

La segunda versión no discrimina; comunica con mayor claridad, precisión y fluidez. Extender el desdoblamiento a un documento jurídico de cincuenta páginas lo volvería prácticamente ilegible.

En cuanto a las formas gráficas alternativas, la RAE ha rechazado tajantemente el uso de recursos como la arroba (@), la «x» o la «e» como morfema de género neutro artificial («tod@s», «todxs», «todes»). Más allá de la objeción estética, la Academia señala razones de fondo: estas formas son impronunciables —no pueden pronunciarse en el habla espontánea—, rompen la concordancia nominal obligatoria del español («los niñes están contentxs» carece de coherencia morfosintáctica) y no emergen de la evolución orgánica del idioma, sino de una imposición externa. La lengua puede evolucionar, pero lo hace en siglos, no en decretos administrativos.

Un caso ilustrativo de las dificultades prácticas se dio en España cuando algunos organismos públicos adoptaron formularios con el morfema «-e» genérico. La implementación fue inconsistente, confusa para hablantes no especializados y debió ser revisada en varios contextos, evidenciando que la ingeniería lingüística forzada no se asienta con naturalidad en el uso cotidiano.

3. La distinción entre sexismo lingüístico y visibilización social

Una de las aclaraciones más lúcidas de la RAE radica en separar las prácticas sociales del sistema lingüístico. La Academia sostiene que la lengua en sí misma no es sexista; el sexismo es una conducta del hablante en el uso concreto del discurso.

Hay una diferencia sustancial entre estas dos frases:

«Los médicos son más competentes que las enfermeras».

«Los médicos atendieron a los pacientes con diligencia».

La primera frase sí es sexista, no porque use «médicos» en masculino, sino porque establece una jerarquía de género implícita al asociar la competencia exclusivamente al masculino y el rol auxiliar al femenino. La segunda es simplemente una oración en masculino genérico, sin carga discriminatoria alguna. Confundir ambos fenómenos impide un análisis riguroso del verdadero sexismo lingüístico, que existe y merece atención, pero que no se combate alterando artificialmente la morfología del idioma.

La RAE señala también que los cambios sociales hacia la igualdad se reflejan en la lengua de forma espontánea con el tiempo. El notable aumento en el uso de «médica», «jueza», «árbitra» o «ingeniera» —términos que décadas atrás generaban resistencia— demuestra que cuando la sociedad evoluciona, el idioma la sigue sin necesidad de intervención normativa coercitiva. La Real Academia, de hecho, ha incorporado y validado estos femeninos, demostrando que su postura no es conservadora por principio, sino técnica por rigor.

Consideraciones sobre el contexto jurídico y profesional

El impacto de esta discusión en el lenguaje jurídico merece atención particular. Las leyes, contratos, sentencias y documentos notariales están redactados en su mayoría con masculino genérico no por desidia, sino por exigencia técnica de claridad y univocidad. Una ley que dijera «el ciudadano o la ciudadana que cometa el delito tipificado» no solo sería redundante, sino potencialmente fuente de controversias interpretativas.

En el ámbito del derecho comparado, textos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos utilizan el masculino genérico en sus versiones en español, y su aplicación jurídica ha sido siempre universal, sin que se haya argumentado válidamente que excluyen a las mujeres de su protección. Los tribunales internacionales de derechos humanos —incluyendo la Corte Interamericana— han interpretado sistemáticamente esos textos como protectores de toda persona humana, con independencia del género gramatical empleado.

El género gramatical masculino como término no marcado constituye un pilar fundamental de la cohesión, fluidez y economía del idioma español. Las aclaraciones de la Real Academia Española no buscan frenar los cambios sociales en favor de la igualdad de derechos, sino proteger la eficacia y la arquitectura interna de una lengua compartida por más de quinientos millones de hablantes en más de veinte países.

El verdadero sexismo lingüístico existe y merece ser identificado y combatido: se manifiesta en estereotipos verbales, en la invisibilización de logros femeninos, en el uso peyorativo de términos femeninos frente a sus equivalentes masculinos. Pero ese combate se libra en el plano del discurso y los valores, no en la morfología.

El uso del masculino con valor neutro e inclusivo sigue siendo el recurso normativo correcto y natural para la designación de colectivos mixtos o indeterminados. La verdadera inclusión en el lenguaje no reside en la saturación morfológica ni en la ingeniería gramatical forzada, sino en la claridad conceptual, la riqueza léxica y el respeto mutuo que se construye a través del discurso. Un idioma que sirve a la comunicación eficaz entre sus hablantes es, en última instancia, el idioma más democrático e igualitario posible.

El derecho procesal de familia contemporáneo vive en una tensión permanente entre la exigencia de una tutela célere y la preservación íntegra de las garantías del debido proceso. En el ordenamiento costarricense, el Código Procesal de Familia, Ley número 9747, expresa esa encrucijada con particular nitidez al configurar el proceso resolutivo de alimentos bajo una estructura de inconfundible naturaleza monitoria. El modelo fue concebido con un propósito cardinal: brindar auxilio perentorio a las necesidades alimentarias básicas y evitar que las dilaciones formales comprometan la subsistencia digna de la persona acreedora. Sin embargo, el equilibrio entre la eficacia de esa respuesta inmediata y el ejercicio pleno del derecho de defensa se vuelve frágil cuando la arquitectura legal se enfrenta a la praxis cotidiana de los despachos judiciales, y es precisamente en ese punto de fricción donde se juega la legitimidad constitucional del sistema.

El diseño monitorio: conciliación previa y sentencia anticipada en veinticuatro horas

El iter procesal se inaugura con una convocatoria a conciliación. Si las partes no comparecen o el intento autocompositivo fracasa, el juzgador queda compelido a dictar una sentencia anticipada en el plazo perentorio de veinticuatro horas. Este pronunciamiento inicial no es una providencia de mero trámite ni una medida cautelar en sentido estricto, sino una auténtica decisión de mérito con consecuencias patrimoniales gravosas: fija la cuota alimentaria ordinaria y el aguinaldo, determina los gastos extraordinarios, liquida condenas concretas por rubros retrospectivos y por gastos de embarazo y maternidad, y habilita el embargo precautorio sin necesidad de fianza. Como lo reconoció la propia autoridad recurrida en el informe rendido ante la Sala, la sentencia anticipada se dicta sin contradictorio, bajo el principio de buena fe de la parte actora y con la única prueba disponible en ese momento, que es la que aporta quien reclama. El legislador dota así a la resolución de una ejecutoriedad fulminante, sustentada en una presunción de urgencia que favorece a quien se supone en mayor vulnerabilidad.

El contradictorio diferido: oposición en cinco días y audiencia del artículo 273

Frente a esa orden anticipada de pago, la normativa diseña un contradictorio diferido. La persona demandada dispone de un plazo preclusivo de cinco días para formalizar su oposición por escrito, con fundamento en el artículo 271 del Código. Planteada la resistencia, la autoridad judicial debe convocar a la audiencia concentrada regulada en el artículo 273 dentro de los quince días siguientes, con el fin de evacuar la prueba testimonial y pericial, escuchar las conclusiones orales y dictar la sentencia definitiva. La justificación sustancial para vedar el recurso ordinario de apelación contra la sentencia anticipada reposa exclusivamente en la celeridad prometida de esa comparecencia, concebida como la sede idónea y expedita para que la persona obligada refute las pretensiones de su contraparte. En otras palabras, el sistema no suprime la defensa; la aplaza y la concentra, bajo la promesa de que el aplazamiento será breve.

Cuando el modelo falla en la práctica: el caso tramitado en Quepos

La dinámica descrita puede sufrir distorsiones graves en la práctica, como lo ilustra el asunto resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia número 2026034437 de las diez horas treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil veintiséis, dictada en el expediente 26-030344-0007-CO. En el proceso alimentario de origen, tramitado ante el Juzgado Contravencional de Quepos, se dictó sentencia anticipada el veintidós de mayo de dos mil veintiséis que fijó una cuota mensual de dos mil quinientos dólares estadounidenses más una suma igual por concepto de aguinaldo. La parte obligada formuló oposición en tiempo el primero de junio, opuso excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho, ofreció prueba y solicitó expresamente la suspensión provisional del pago y el señalamiento de la audiencia del artículo 273.

La audiencia se señaló, se reprogramó en dos ocasiones, se inició el veintinueve de julio sin la comparecencia del acreedor, que aportó una incapacidad médica privada, y se fijó su continuación para el once de agosto. Ese día nunca llegó: el despacho optó por tramitar por escrito las gestiones del acreedor, rechazó una nueva reprogramación y una valoración en Medicatura Forense, admitió una apelación subsidiaria contra ese rechazo y canceló la diligencia oral.

Fue el Juzgado Especializado en Apelación de Pensiones Alimentarias, mediante resolución número 2026001517 del veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis, el que anuló esas actuaciones al estimar que las cuestiones interlocutorias y los recursos debían resolverse oralmente dentro de la propia audiencia, conforme a los artículos 4 y 273 del Código Procesal de Familia, y que la vía escrita escogida por el despacho se había apartado del modelo oral, había producido una resolución prematura y había generado demora. Con ello, la razón procesal que impedía continuar la audiencia quedó removida desde esa fecha. Pese a ello, al rendirse el informe ante la Sala el veintisiete de agosto, la audiencia no había concluido ni existía un nuevo señalamiento, y dos días después el acreedor solicitó un nuevo apremio corporal por la cuota de ese mes, que el despacho decretó el cuatro de setiembre.

Los límites del apremio corporal según la Sala Constitucional

La Sala Constitucional perfiló con precisión los alcances y los límites del esquema monitorio frente al apremio corporal. Por un lado, reiteró que el apremio por deuda alimentaria es la excepción expresamente admitida por el artículo 38 de la Constitución Política a la proscripción de la prisión por deudas, y que, de conformidad con el artículo 280 del Código Procesal de Familia, la obligación alimentaria es ejecutiva y ejecutable desde su imposición, de modo que ninguna incidencia ni recurso suspende por sí misma su ejecución. En consecuencia, la sola presentación de oposiciones, excepciones, solicitudes de suspensión o incluso del propio hábeas corpus no enerva la exigibilidad de la cuota ni impide el dictado de órdenes de detención; corresponde al juez alimentario, y no a la Sala, decidir cuáles gestiones tienen ese efecto y si concurren los presupuestos de los artículos 261 y 283 del Código. La Sala también rechazó examinar la restricción migratoria, por no acreditarse una solicitud concreta de salida con ofrecimiento de garantía que hubiera sido denegada arbitrariamente, y se negó a pronunciarse sobre la validez del matrimonio y del divorcio extranjero, la legitimación del acreedor, su estado de necesidad y la cuantía de la cuota, por tratarse de materias propias de la audiencia de oposición y de los recursos ordinarios. Resolverlas en sede constitucional, dijo, desnaturalizaría el hábeas corpus y desconocería la competencia del juez especializado.

El deber de resolver con diligencia cuando está en juego la libertad personal

Por otro lado, y aquí reside el aporte central de la sentencia, la Sala advirtió que la incidencia directa del apremio sobre la libertad personal exige observancia estricta de los presupuestos legales, resolución motivada y una oportunidad real para que la persona obligada obtenga decisión sobre las gestiones que puedan afectar de manera inmediata la procedencia de la medida. Con apoyo en sus propios precedentes, entre ellos la sentencia 2025-011447, que anuló órdenes de apremio emitidas sin resolver previamente una gestión directamente relevante para la situación del obligado, y la sentencia 2025-012843, que reconoció la lesión al artículo 41 constitucional por la demora excesiva en resolver un incidente alimentario, el tribunal extrajo un principio de equilibrio: de esos antecedentes no deriva una suspensión general por la mera existencia de recursos, sino el deber de resolver con especial diligencia cuando la omisión judicial puede proyectarse sobre la libertad. La Sala fue cuidadosa en reconocer que el despacho no había permanecido inactivo y que parte de las reprogramaciones obedeció a circunstancias atribuibles a ambos sujetos procesales, incluida una solicitada por la propia representación de la tutelada.

Pero concluyó que la concurrencia de una oposición con solicitud de suspensión aún pendiente, de una audiencia oral desautorizada en su cancelación y todavía sin concluir, y de una petición actual de apremio transforma la demora remanente en una amenaza objetiva contra la libertad personal. Por ello declaró parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la demora en concluir la audiencia y resolver las gestiones pendientes, y ordenó a la jueza recurrida señalar y celebrar la continuación de la audiencia del artículo 273 dentro del plazo de diez días hábiles, salvo causa objetiva, insuperable y debidamente documentada, resolver las gestiones interlocutorias y la solicitud de suspensión provisional, y proseguir hasta dictar la decisión de fondo, con la advertencia penal del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la condena al Estado por los daños y perjuicios causados.

La lección del fallo: la celeridad formal no puede degenerar en indefensión material

La lección que deja el fallo trasciende el caso concreto. La legitimidad constitucional del proceso monitorio de alimentos no descansa en la mera existencia formal de una audiencia de oposición, sino en la puntualidad y la fidelidad metodológica con que el aparato judicial la celebra. La supresión de la doble instancia ordinaria frente a una orden de pago reforzada con coacción corporal solo es jurídicamente tolerable si el contradictorio oral inmediato que la ley proclama se garantiza sin dilaciones indebidas y se conduce conforme al modelo concentrado que la propia ley impone, sin refugiarse en trámites escritos que fragmentan el debate y postergan la decisión. Cuando esa promesa se incumple, la celeridad formal degenera en indefensión material: la persona obligada queda sujeta a una condena de mérito dictada sin contradictorio, ejecutable de inmediato, respaldada por la amenaza de privación de libertad y sin acceso efectivo a la única sede donde puede defenderse. La sentencia 2026034437 confirma que la Sala no está dispuesta a convertir el hábeas corpus en una instancia de revisión de la cuota, pero tampoco a tolerar que la inercia procesal transforme un mecanismo de tutela urgente en una restricción arbitraria de los derechos fundamentales.

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